Apatzingán, Michoacán, a 27 de marzo de 2020.- En atención a los ejes establecidos en el Plan de Persecución de Delitos, para brindar a la ciudadanía alternativas de acceso a la justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC),  llevó a cabo una jornada de trabajo en Apatzingán.

Derivado de dicha jornada de trabajo, llevada a cabo en apego al protocolo establecido para disminuir los riesgos de contagio del COVID-19, se logró la firma de cuatro acuerdos reparatorios, a través de los cuales  9 personas fueron beneficiadas, de 19 que fueron atendidas.

Como parte de esta jornada de trabajo se logró la recuperación de un monto económico de 400 mil pesos derivado del pago inmediato por concepto de reparación del daño en uno de los acuerdos, mas otra cantidad que será saldada en modalidad diferida. 

En apego a los principios de voluntariedad, equidad, confidencialidad e imparcialidad que rigen los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), cada uno de estos acuerdos firmados fue debidamente validado, explicó la Coordinadora General del Centro, Marisol Moreno Álvarez, quien destacó la importancia del uso de los MASC, para llegar a la solución de un conflicto entre particulares o miembros de la sociedad.

Por lo anterior y en compañía del Fiscal Regional, Noé Godínez Arellano, la funcionaria resaltó la preocupación del Fiscal General, Adrián López Solís, de que la ciudadanía haga uso de estas herramientas a través de las cuales se garantiza como prioridad la reparación integral del daño a las víctimas de un delito.

El Artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal.

La FGE, refrenda su compromiso de hacer valer las disposiciones establecidas en el Sistema de Justicia Penal, para que las víctimas de un delito ejerzan su derecho de acceder a la justicia y a la reparación del daño.

Comunicado de Prensa (697/2020)